Política de Defensa

Las democracias latinoamericanas, han experimentado con el tiempo una suerte de “desmilitarización”, obviamente a partir de los liderazgos de los años 70´s hasta los 90´s. Lo mismo ocurre al interior de las propias Fuerzas Armadas, donde han debido transitar de ser actores principales en las políticas públicas a ser parte nuevamente de gobiernos “democráticos” gobernados por civiles y representaciones políticas. En Chile las Fuerzas Armadas ya alejadas del Poder Político hace bastantes años se ha modernizado restructurando todas las operaciones desde la conformación del Estado Mayor, la doctrina de las Escuelas Matrices hasta la relación con la sociedad civil, tendiendo hacia su objetivo de seguridad exterior. En lo más inmediato se juega en la Corte Internacional de La Haya, la continuidad de líneas fronterizas sobre el Pacífico, porciones superpuestas de mar territorial de las dos naciones, un hito fronterizo, según nuestros vecinos, mal ubicado y finalmente un paralelo fronterizo que la nación Peruana no está dispuesta a aceptar, por ahora. Lo anterior no es nada más que una arenga patriótica e histórica ya que sin duda sea cual sea el fallo, habrá que respetarlo, sobre todo si es desfavorable a nuestro país. Ahora bien si el fallo se debe acatar, en qué medida nuestras Fuerzas Armadas han estado modernizándose y reorganizándose, de qué manera se justificará una política de participación como en Haití, por ejemplo.¿ Se deberá justificar la inclusión de las amenazas de terrorismo y narcotráfico?, puede ser a partir de los últimos acontecimientos.

Politica Exterior y La Haya

El año 1971 los gobiernos de Argentina y Chile acordaron someter la soberanía, por el Canal del Beagle, al arbitraje de la Corona Británica y como hemos de saber el régimen argentino rechazó el fallo, considerándolo “insubsanablemente nulo”, así se extendió el conflicto a toda la región hasta el Cabo de Hornos y nuestro vecino país amenazó con la guerra. El conflicto llegó a su punto culminante el día 22 de diciembre de 1978 cuando las Fuerzas Armadas de la Argentina se disponían a ocupar las islas en disputa por la fuerza, por lo que Chile recurre a la movilización y el despliegue de tropas en la zona de conflicto. Desde la perspectiva Geopolítica, el peor escenario de amenaza para Chile habría sido un frente conformado por la triple alianza; Argentina-Perú-Bolivia, lo que se conoce como HV3 o Hipótesis Vecinal 3, argumento permanente para nuestro país, pero no explícito en la doctrina de defensa. La disputa del Canal Beagle se soluciona finalmente en 1984 cuando el gobierno argentino, tras una consulta popular, aceptó la propuesta de la Santa Sede que reconoce la frontera trazada por el Laudo Arbitral, que otorgó las islas en la mitad norte del canal a Argentina y las islas en la mitad sur y al sur del canal a Chile y con derechos de navegación a ambos países en casi toda la zona. Asimismo concedió a Argentina la mayor parte del territorio marino en disputa. Casi dos décadas nos separan de este conflicto con la interposición de Perú, ante el Tribunal de la Haya, de su demanda en la que reclama un área marítima cercana a los 100.000 km2 en el Océano Pacífico, actualmente bajo soberanía de Chile. Perú afirma que, en los años 50, sólo se establecieron acuerdos pesqueros, y considera lógico usar como referencia el punto de la “Concordia”, a orillas del mar, para trazar las 200 millas de dominio marítimo que reclama. Lo concreto es que las contradictorias interpretaciones chileno-peruanas crean un litigio sobre un área (y en la que Chile ha ejercido soberanía), de aprox. 35.000 kilómetros cuadrados en el Pacífico. La pregunta que surge es si nuestra política exterior nos brindará seguridad respecto a sus acciones u omisiones. Sabemos que históricamente que la política exterior no ha tenido buenos resultados la pérdida de la Patagonia por desinterés evidente, la situación del Beagle, que aun cuando no se perdieron las islas la línea divisoria continental resultante nos perjudicó claramente y la fallida acción diplomática de los campos de Hielo Sur, que aun cuando está pendiente existe seguridad que Chile no obtiene la mejor posición. Que ocurrió con Perú entonces, por que Chile aceptó y cede ir a la Corte Internacional sin tener absolutamente nada que ganar a diferencia de su contraparte que cualquiera sea el fallo sólo puede obtener beneficios. Agregamos a la constante que ante el requerimiento de Bolivia por una salida al Pacífico con soberanía, la actitud consecuente de Chile puede ser vulnerada con la adhesión al planteamiento de la República de Argentina, donde esta última señala poseer derechos soberanos sobre las Islas Falkland y que es un asunto colonial y que involucra al Continente Sudamericano. Ahora bien si en una Política de Estado Chile reconoce públicamente que la soberanía de las Islas Falkland no es un problema entre Argentina y Gran Bretaña sino que es de carácter regional, luego deberá aceptar que el reclamo de salida al mar de Bolivia igualmente lo es, quebrando con ello la única línea de política exterior coherente que ha tenido en su historia. Ahora bien podemos tomar lecciones de heroísmo y patriotismo de nuestros héroes, pero habrá convicción real que debemos mantener nuestra soberanía y con el costo humano que ello significa; nos estamos acostumbrando a señalar que nuestras FFAA están preparadas, pero la pregunta es si existe convencimiento de aplicar una ofensiva militar.

Protección de la Vida Privada

El acceso a la información personal y privada es relativamente simple de obtener. Una manera es a través de las redes sociales, en la que es posible, vía fuente abierta, describir rasgos de personalidad, opción sexual, doctrina y un sinfín de indicadores interesantes de revisar y quien sabe difundir para causar daño. Otra tiene epicentro en los sistemas hoy día disponible para obtener datos de un ciudadano, como por ejemplo los informes comerciales, que como usuario obligado conozco y contienen fundamentalmente deudas y otros misceláneos interesantes al observador. Aquí las fuentes son más cerradas pero indudablemente pueden ser consultadas y distribuidas irresponsablemente. Todos sabemos que el uso de la difamación, se utiliza cobardemente y en el anonimato para diversos fines y su utilización es desde tiempos inmemoriales, en el baño del colegio, medio de comunicación la propaganda y un sinnúmero de mecanismo de divulgación modernos. No ajenos de todo lo anterior en nuestra legislación la carta fundamental (Constitución de la República de Chile)asegura a toda persona el respeto y la protección a la vida privada y la de su familia, así entonces de vulnerarse ese derecho la Constitución “garantiza” al “titular” la debida protección. Con todo, para quien, insisto use cobardemente este mecanismo debe saber que existen responsabilidades civiles, penales, para un agresor de la intimidad, para el que administra la base datos que contienen esa información, para el que entrega un documento sin autorización del titular para difamar, desprestigiar, ya sea con un sentido criminal, con un fin político, con un sentido periodístico por ejemplo, el que puede originar daño moral o patrimonial, ya que las consecuencias de un ataque difamatorio tal vez tenga efectos sobre empleo de una persona, sobre la familia y por qué no la vida, casos hay muchos.

Cultura de Inteligencia

La institucionalización contemporánea de las agencias de inteligencia, no sólo en Chile, avanza con escenarios políticos de cuestionamiento dada por su historia y métodos utilizados, con la idea de que las operaciones especiales, el espionaje, cámaras ocultas, agentes encubiertos, entre otros. Este cuestionamiento de amplio debate político y social aún no tiene asidero en la agenda pública local (Chile). Sin embargo posterior a los hechos del 11 de septiembre de 2001, se instala en el sistema político, la percepción de la necesidad de la inteligencia como un insumo para que el Estado pueda proveer seguridad y, a su vez, visualizando la necesidad de que esta actividad actúe dentro de márgenes institucionales claros y con límites a la actuación del Estado en este campo, pero con foco solo en materias de los organismos de inteligencia tradicionales, independientes entre sí, funcionalmente coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia, para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales.